Notas Varias sobre el SME

Intereses

Las autoridades encabezadas por el presidente Felipe Calderón y su colaborador Javier Lozano pretenden obligar al SME a que permita a WL Comunicaciones instalar y operar la red de fibra óptica, sostiene Martín Esparza.

Explica que la red de telecomunicaciones representa un gran negocio para el gobierno federal, que no tiene ninguna intención de otorgarle a LFC y al SME la concesión para operarla. Reconoce que él dio la instrucción para que no se permitiera a gente de la empresa instalar el servicio, “porque al sindicato nunca lo tomaron en cuenta a la hora de firmar el convenio”.

“Se lo dije al presidente de la República, y estaba Javier Lozano ahí. Le dije: ¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dicen con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim –dueño de Telmex–, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, refiere.

Los opositores del dirigente sindical afirman que De la Huerta y Weihouse, sus asesores, “son gente de Lozano Alarcón”. El propio Esparza señala que no entiende la actitud del secretario del Trabajo, pues él los ayudó a elaborar el proyecto.

–¿En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés?
– Así es.
–Entonces, ¿Lozano Alarcón también está involucrado?
–Si, él es consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999. Él nos ayudó a elaborar la solicitud que entregamos a la Cofetel. Es un estudio económico y financiero para manejar la red.

WL Comunicaciones fue creada el 23 de agosto de 1998, como se asienta en la escritura 1974, emitida por el notario público número 39 de la Ciudad de México, Ricardo Íñiguez.
En el Registro Público de la Propiedad, folio 244069, está registrada la empresa desde el 2 de febrero de 1999, con una duración de 99 años y un capital de 50 mil pesos. Fue creada para “la instalación de cableado y canalizaciones telefónicas llevándose a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Comunicación, reglamentos y aplicables y disposiciones administrativas por la autoridad competente”.
La escritura también establece que los contratos que pretenda realizar con otras empresas de redes públicas de telecomunicaciones, permisionarios o prestadores de servicios, así como convenios de interconexión con otras redes, deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Asimismo, señala que podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e “información de cualquier naturaleza”.

Una de las condiciones para que la compañía pudiera operar era que contara con 100 millones de pesos para iniciar la prestación de servicios. Operaría en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México. La empresa utilizaría equipos de banda ancha para brindar el servicio.

El 12 de enero de 2001, WL Comunicaciones solicitó la primera prórroga de un año para cumplir con los términos de la concesión; el 19 de marzo de 2002 pidió la segunda prórroga, con el argumento de que estaba en espera de la autorización de Ferrocarriles Mexicanos de un derecho de vía de Matamoros a la Ciudad de México, así como de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México y Toluca, para cumplir con su compromiso. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad se negó a aceptar su solicitud para el derecho de vía sobre torres de alta tensión. Ferrocarriles sí le dio permiso.

El 9 de abril de 2003, el director de la Cofetel, Pedro Francisco Guerra Morales, autorizó a WL Comunicaciones una tercera prórroga para cumplir con la concesión, de acuerdo con el oficio CFT/D06/CGST/DGLVA/2575/2003. Incluso avaló la modificación de los términos de la concesión debido a que se usarían vías ferroviarias para la prestación del servicio.

Rapiña

El 23 de agosto de 2005, Luz y Fuerza del Centro firmó un convenio con la empresa, representada en ese momento por Cristóbal Mario Canales Lebrija, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros y postes de las líneas de transmisión, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas para que operara y explotara una red pública de telecomunicaciones, mediante el pago de una renta como contraprestación al uso solicitado.

Ese documento fue firmado por Canales Lebrija en representación de WL Comunicaciones, y por seis funcionarios de LFC, encabezados por el subdirector de Distribución y Comercialización, Óscar Luce González; no cuenta con la firma del director de la paraestatal.

En diciembre de 2007, el convenio (folio C/001/2007) se modificó debido a que el 27 de noviembre de 2006 el presidente Vicente Fox decretó una reforma que modifica y adiciona la Ley Federal de Derechos. Este ordenamiento establece la obligación de pagar anualmente por el uso de postes, torres, ductos o bienes similares propiedad de organismos públicos descentralizados una cuota de 50 pesos por poste o torre, y de 550 pesos por kilómetro o fracción de ducto. Esos pagos entraron en vigor a partir de enero de 2007.

Así, el convenio de arrendamiento firmado en 2005 quedó sin efecto, pues la empresa pagaría un derecho en lugar de renta, por lo que LFC entregó un permiso para uso de su infraestructura. Se modificó la cláusula 18 del convenio, a fin de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara 16 fibras ópticas, 24 subterráneas y pudiera usarlas para proveer de capacidad de red, que incluye voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible.

Este servicio podrá ofrecerlo “a cualquiera de los entes que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal Federal; de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno; poderes Legislativo y Judicial, federal y local, órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente público que se encuentre situado dentro de la zona de influencia donde LFC desarrolle sus actividades. También podrán utilizarse los bienes para comunicaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno”.

Para Esparza Flores, las autoridades están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar a LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.

“Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de 1% en el territorio nacional. Tenemos la fibra para usos propios y capacidad de excedente.

Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e internet con una respuesta muy rápida”, puntualiza. El objetivo, dice, es abaratar los costos.

Y afirma: “En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato. Se trata de una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical”.

Añade que la STPS está tratando de “reventar” a la organización sindical para preparar una posible intervención a LFC. Es una labor, indica, que se está haciendo de manera paulatina, pues agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles amedrentan a los trabajadores.

–¿Y si deciden fusionar Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad?

–Sería una especie de privatización, pero habrá que preguntarle al SUTERM cuál contrato colectivo de trabajo le conviene: si el de ellos o el de nosotros. El intento de fusión les traerá problemas laborales. El contrato colectivo de trabajo existe. ¿Cómo lo van a liquidar? Mientras el SME exista no pueden liquidar a la empresa. Por eso quieren dejar al sindicato en estado de indefensión: para realizar sus planes de requisa.

Astillero

Desesperación

Autosabotaje de F. C.

Libreto de represión

Soldados en leva laboral

Julio Hernández López

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas acudieron a la Universidad Nacional Autónoma de México a solicitar el apoyo de la comunidad universitaria en la marcha del juevesFoto María Meléndrez


La batalla argumental del calderonismo contra el SME no pasó la primera prueba, la de la confrontación con las respuestas dadas por los dirigentes de ese sindicato, y por ello se dio ayer el banderazo de salida a otra etapa del libreto represivo que las autoridades federales necesitan, el del sabotaje que permita establecer las condiciones para transitar hacia la etapa judicial, la de las averiguaciones previas, las órdenes de aprehensión y la persecución de los presuntos responsables, tanto los que supuestamente hubieran realizado esos actos de oposición y obstrucción como los autores intelectuales (¡ah, este par de palabras finales restituye aires del diazordacismo nunca suficientemente repudiado!).

Satanización y criminalización de los movimientos sociales, de la oposición, de la resistencia. Primero fue el linchamiento mediático para que la sociedad encontrara justificada la guerra santa del felipismo de los muchos pantalones (Fox encomiaba las faldas de Marta en su guerra contra Proceso) contra los malvados trabajadores electricistas del centro del país que ganaban muchísimo más que un ministro de la Corte, un secretario empresario o un cuñado hildebrándico y por cuya causa el país está en las miserables condiciones que hoy se le puede ver. Luego vino el sabadazo clásico, con la traición de Luis Felipe Bravo Mena que hizo como que atendía con gran disposición política a los dirigentes de un gremio al que horas después se les daría el golpe militar preparatorio de la instantánea liquidación (la jurídica, apenas).

Y ahora (cuando F. Luzifuer no ha podido sostener la veracidad de sus dichos en televisión nacional, los que han sido refutados claramente por los dirigentes del SME, específicamente Martín Esparza, que ha retado al creador del calderón nacional a debatir públicamente) se pasa a la etapa ruin de la contrainformación, la acusación insidiosa, la siembra del miedo y la acción directa de las militarizadas fuerzas policiales y el Ejército en leva laboral para restablecer la viabilidad del suministro eléctrico gravemente dañado por el sabadazo demencial que en los hechos constituyó un autosabotaje del calderonismo, un atentado a sí mismo, una demostración palmaria de los niveles a que se ha llegado en las copas de Los Pinos.

Es un libreto históricamente sabido (recuérdese el caso de la represión a los trabajadores ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos). Ayer en el portal de Internet de El Universal se publicó que Autoridades federales confirmaron sabotaje en la falla de energía eléctrica que afecta a unos 4 mil habitantes de los fraccionamientos Arboledas, Valle Dorado y Mayorazgos, situación que se repite en otras localidades del estado de México. Según la nota, funcionarios de la Secretaría de Gobernación relataron la historia del oportunísimo acto de presunta lucha desesperada de los trabajadores del SME.

Felipe Sabadazo se acogía mientras tanto a los beneficios de la santificación de sí mismo, convertido por decreto en Madre Teresa de Calcuta, defensor heroico de los pobres que él mismo ha producido en abundancia, declarante junto al significativo Mario Marín de que él, el autor de la frase Por el bien de los robos, primero los pobres, prefiere destinar los dineros públicos, que maneja como propios, a los 25 millones de mexicanos en miseria que a los 44 mil privilegiados cuya adscripción sindical no mencionó, por prudencia (Lipe ya no debe insistir en autodenominarse el presidente del empleo, por obvias y militarizadas razones, pero sí puede cambiar su nick para quedar como el presidente –es un decir suyo– de los pobres. Léase una breve parte del apasionado discurso pobretónico generado ayer: Los pobres de México no tienen voz, los pobres de México que no tienen manera de ir y presionar, los pobres de México que no tienen grupos de poder, esos pobres son la prioridad del gobierno).

Otro ejemplo de moderación era dado vespertinamente por JaVerdugo Lozano, el secretario del patíbulo laboral que ha declarado su opción preferencial por los patrones. Probablemente no hay energía eléctrica en su casa y oficina (ni tenían pila cargada sus alternativas portátiles), pues nunca se enteró, ni siquiera por los medios de comunicación, de que lo esperaban en una comisión de la Cámara de Diputados para que hablara sobre algunos asuntillos pendientes. Así es que no fue, pero comentó que no le había llegado el citatorio y algo se habló sobre confusiones y demás circunstancias tan benévolas que le evitaron presentarse a donde ya lo esperaban diputados opositores y ánimos electrizados. Más vale que digan aquí no se le notificó, que aquí (políticamente) murió, fue la prudente consideración del poblano ajusticiador.

Por la noche, el vocero del SME, Fernando Amezcua, informó lo que ya circulaba en las redes sociales de Internet, que militares llegaban a domicilios de trabajadores miembros del SME para obligarlos a que retomaran responsabilidades y ayudaran a evitar los continuos problemas que han sucedido en varios lugares. Helguera había puesto en su cartón del lunes, en La Jornada, titulado Algunos cambios, el emblema de LFC convertido en SS, con un hombre pequeño vestido a la usanza de los oficiales nazis.

Los asuntos eléctricos no han permitido darle la suficiente atención al caso Oaxaca que en la Suprema Corta de Justicia está por resolverse. Ayer apareció el apellido Fox, junto a sus subordinados Carlos Abascal y Eduardo Medina Mora, en las consideraciones críticas de algunos ministros (también se aludió a una persona llamada Ulises, que al parecer iba pasando por el lugar de los hechos). Pero todo apunta a que, en estos momentos de extrema gravedad, se habrá de exculpar a los altos mandos, para que a todo mundo quede claro que los movimientos sociales pueden ser reprimidos sin que a nadie luego se castigue; si acaso, verbalmente, a algunos operadores de piso. ¡Hasta mañana, en esta columna que está lista para marchar este jueves!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

 

Brigadas informativas para el SME

Alma E. Muñoz

 

El Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía ofreció al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) utilizar los casas que tiene instaladas en la República –alrededor de tres mil–, para difundir su problemática y la lucha que sostiene.

En la primera reunión que este martes sostuvo la comisión de enlace del movimiento, nombrada por Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes, con la dirigencia del SME se determinó estar en contacto permanente para mantenerse juntos en esta etapa.

Jesús Martín del Campo, uno de los integrantes de dicha comisión, informó en entrevista que se pusieron de acuerdo hasta en el lugar que ocuparán en la marcha de este jueves, la cual, aseguró, esperamos sea multitudinaria, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Se ubicarán detrás de la dirigencia sindical del SME y sus familiares.

Puntualizó que como parte de las tareas en apoyo de los electricistas promoveremos entre todos los integrantes del movimiento el acercamiento con ellos, mediante las casas con que se cuenta: una o dos por delegación en el Distrito Federal y una por cada municipio.

También, dijo, ayudaremos a reproducir volantes y distribuirlos a escala nacional. Se trata, afirmó Del Campo, de integrar entre todos brigadas informativas.

En la reunión entre los integrantes de la comisión de enlace –Claudia Sheinbaum, Bertha Luján, Ricardo Ruiz y Del Campo– se acordó además mantenerse en contacto permanente con el SME, por intermedio del secretario del interior del gremio, José Humberto Montes de Oca.

También, que hoy los sindicalistas den a conocer el número de cuenta al que se les pueden hacer aportaciones, luego que sus cuentas fueron congeladas por el gobierno federal.

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