Notas varias sobre el SME

El Sistema de Enajenación de Bienes será el encargado de elaborar el plan de liquidación
El SAE podrá transferir o ceder los contratos o cualquier otro instrumento jurídico de LFC
Israel Rodríguez J.
 
La Secretaría de Energía (Sener) expidió en una edición vespertina extraordinaria del Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en las que se establece que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) elaborará y remitirá, dentro de los primeros 30 días, el plan estratégico para la liquidación de la empresa.
Además, deberá levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en liquidación (LFC). A partir de éste, realizará el balance inicial de liquidación. En caso de existir diferencias entre los registros con los que cuenta el organismo en liquidación y el inventario que se levante, deberá informarlo a las autoridades competentes para los efectos conducentes.
El SAE es el organismo que transfirió a bancos extranjeros los más de 205 millones de dólares incautados en 2007 en una residencia de las Lomas de Chapultepec al mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, presunto traficante de metanfetaminas, lo que ocasionó que el dinero dejó de ser una prueba del presunto delito.
El SAE fue creado en 2003 por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, como remanente de lo que fue el Fideicomiso Liquidador y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior y las gestiones para recibir los bienes de la Dirección General Adjunta de Cartera de Activos no Monetarios, además de recibir los bienes incautados al crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República.
Este organismo fue el que también, entre el 3 y 4 de septiembre pasados, remató a precios de ganga los bienes confiscados a presuntos narcotraficantes, entre los que destacaban aviones, veleros, yates y automóviles de lujo, entre otros.
De acuerdo con la edición extraordinaria del DOF, una vez aprobado el proceso de liquidación, el SAE, conforme a las instrucciones que dicte la Sener, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes de LFC que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto de extinción correspondiente venía prestando, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Asimismo, podrá celebrar convenios con entidades federativas u organismos sociales, con el propósito de que los activos que no se requieran para la prestación del servicio público de energía eléctrica o para el desarrollo del proceso de desincorporación puedan enajenarse para la consecución de las funciones, actividades u objeto de éstos.
También someterá al dictamen del auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública los estados financieros inicial y final de liquidación, así como los anuales intermedios que correspondan.
Procederá a la liquidación de todos los trabajadores de LFC, por lo que podrá elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar. Para ello solicitará la participación que corresponda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
De manera previa a que el SAE presente a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización antes mencionado, deberá recabar la opinión de las secretarías de Hacienda y del Trabajo.
Pagará las pensiones que correspondan a los jubilados, para lo cual someterá a la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad el plan correspondiente.
El liquidador destinará los recursos, bienes y activos de la empresa en liquidación para cubrir los pasivos y contingencias que se originen de la misma, así como los gastos de preparación, preoperativos y de administración. Con base en las indicaciones de la Subsecretaría de Electricidad, el SAE podrá celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico de LFC.
El liquidador elaborará el libro blanco del procedimiento, en términos de las disposiciones aplicables. Concluido el proceso de extinción, deberá conservar los libros y documentos de LFC, en términos de la normativa aplicable.
La Subsecretaría de Electricidad será la facultada para interpretar las disposiciones contenidas en estas bases, para todos los efectos administrativos, en cuyo caso podrá adecuarlas y adicionarlas.

Israel Rodríguez J.
 
Después de 128 años de historia de la industria eléctrica nacional que dio origen a Luz y Fuerza del Centro (LFC) –la cual se remonta a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, una empresa extranjera subsidiaria de la alemana Siemens, que fue nacionalizada en 1960–, ayer el gobierno de Felipe Calderón, el autodenominado presidente del empleo, determinó su extinción con un decreto y una firma con los que se oficializa el despido de más de 42 mil trabajadores.
Mientras que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), caracterizado por ser combativo, democrático y recientemente por su férrea oposición a la privatización de la energía eléctrica, su fundación se remonta a diciembre de 1914.
Luz y Fuerza del Centro llevó electricidad a más de 5.7 millones de clientes, lo que representa una población atendida superior a 20 millones de habitantes en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.
La luz eléctrica se introdujo en México en 1880, y un año después la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se hizo cargo del alumbrado público residencial en la capital de la República, marcando el principio del alumbrado eléctrico en el país.
La demanda de luz eléctrica del país durante el régimen de Porfirio Díaz atrajo a empresas extranjeras, como The Mexican Ligth and Power, de origen canadiense, que se instalaron en la capital en 1898 y más tarde se extendieron hacia el centro del país. Muy pronto la industria nacional disfrutó de las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de modo que entre 1881 y 1910 había ya 199 empresas de luz ubicadas principalmente en Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Zacatecas.
De esta manera, la industria eléctrica se desarrolló localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía que brindaba el servicio. Al poco tiempo estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, en su mayoría extranjeros, situación que permaneció hasta que comenzó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, con el principio de que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y no debía ser prestado por compañías extranjeras.
En 1960, la población en México era de 34.9 millones de habitantes. De los 2 mil 308 megavatios (MW) de capacidad instalada en el país, la Comisión Federal de Electricidad, que fue constituida el 14 de agosto de 1937, durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, aportaba 54 por ciento; la Mexican Ligth and Power, 25 por ciento; la American and Foreign, 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento. Sólo 44 por ciento de la población contaba con electricidad.
El 27 de septiembre de 1960, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien bajo su periodo de gestión México registró crecimientos anuales por arriba de 6 por ciento e inflación de 2 por ciento, tomó posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (antes The Mexican Ligth and Power) e izó la bandera nacional en el edificio de la calzada Melchor Ocampo, colonia Anáhuac, que hasta el pasado sábado fue sede de LFC.
Posteriormente, en 1963 se cambió la denominación social del organismo al de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Más adelante, en 1974, se autorizó a la empresa a realizar los actos necesarios y procedentes para su disolución. Sin embargo, continuó operando, y el 9 de febrero de 1994, por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Finalmente, este 11 de octubre el gobierno de Felipe Calderón decretó, a través del Diario Oficial de la Federación, la liquidación de la compañía, y la Policía Federal, transportada de forma furtiva en camiones de turismo, tomó en un sabadazo las instalaciones de la empresa, mientras la población celebraba el pase al Mundial de la selección mexicana de futbol, después de ganarle a El Salvador por un marcador de 4 a 1.

La CFE vende a Luz y Fuerza la electricidad en horas pico más cara que a los industriales



Israel Rodríguez J.

 
Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que el problema en Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan.
Consideró que la eventual privatización del organismo sería un error, porque es una empresa viable, de una gran tradición sindical y obrera, a la que se puede sacar mucho fruto; sin embargo, reconoció que también es irresponsable.
Creo que en el problema con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un conflicto del gobierno con un gremio que es muy fuerte, señaló, y advirtió que bajar el switch en la zona centro del país es un grave riesgo.
Por su parte, José Luis Apodaca, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, indicó que la liquidación de LFC tiene como propósito allanar el camino para su privatización, con dedicatoria principalmente para las empresas extranjeras.
Nicéforo Guerrero, subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox y relevado en el cargo el 23 de marzo de 2004, después de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía, señala en entrevista con La Jornada que la carga de la empresa no es sindical.
El subsidio es alto sí, 40 mil millones de pesos, pero también hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo.
El ahora también presidente municipal de Guanajuato, surgido de la coalición PRI, PRD y PT, al preguntarle cómo se resolvería el problema de electricidad en el valle de México, respondió: poniendo una planta en Lerma y otra en Teotihuacán, ambas de ciclo combinado mediante gas, que hoy es barato, y se resolvería de manera eficiente el anillo que genera la distribución de la electricidad para estos lugares.
–¿Hay cuentas especiales?
–Sí. Liverpool tiene su propia autogeneración eléctrica y cuenta con 75 megavatios disponibles para la ciudad de México, que sería de energía distribuida. Todas las grandes empresas podrían producir energía distribuida y venderla a la empresa; esa sería una forma de salvar a Luz y Fuerza con la venta de excedentes, pero a precios razonables, no a precios de la CFE, que le cobra en la hora pico más a LFC que a los industriales.
Señaló que fusionar LFC es una buena opción, en la medida que el gobierno hubiera pactado con los trabajadores una adecuada liquidación y no un conflicto. Lo ideal era mantener una sola empresa y que una de las divisiones fuera Luz y Fuerza, como lo fue hasta la época de Carlos Salinas, cuando la convirtió en empresa descentralizada.
Aseguró que el contrato colectivo de trabajo no es el gran problema de LFC, sino la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la ciudad de México. Explicó que si CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a ocho centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza.
Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal. Es lo que pasa con el gas y otros productos, que son los llamados precios de transferencia entre las subsidiarias de Pemex, que generan este error, concluyó Nicéforo Guerrero.

Basta de rollos motivacionales; ¡plan de acción, demandan a la dirigencia sindical
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Reunión extraordinaria en la sede sindical durante la madrugada del domingoFoto Yazmín Ortega Cortés
Fabiola Martínez
 
“¡Lo que significa este documento es que a partir de hoy todos ustedes –los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro– están despedidos! ¡De eso se trata el decreto de la extinción de la empresa. ¡Ya no tienen la certeza ni de cobrar su sueldo la próxima semana!”, soltó un dirigente del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, con una copia fotostática del Diario Oficial de la Federación en mano.
Quizá sin proponérselo, fue el orador invitado a quien tocó poner en dimensión la noticia, frente a miles de electricistas que poco antes de las tres de la madrugada todavía estaban incrédulos del sablazo que les metieron a la mala.
“Artículo cuarto –prosiguió el hombre presentado como el doctor Velasco–: ‘se respetarán los derechos laborales’… pero sólo el de la liquidación!”
Quienes estaban más cerca del edificio y captaban con más claridad los discursos, amplificados apenas por un pequeño megáfono, se llevaron las manos a la cabeza. Unas mujeres del área de archivo y correspondencia bajaron la mirada. Ninguna habló. Otros, de cables subterráneos, apretaron los puños y tragaron saliva al captar con claridad cuando el hombre pronunció la palabra despedidos.
Para esa hora, la incertidumbre se volcaba en expresiones de desesperación. Su líder, Martín Esparza, todavía no salía al balcón del viejo edificio del gremio, donde está inscrito con letras plateadas, a un lado del escudo rojinegro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Por el derecho y la justicia del trabajador.
Habían pasado cuatro horas desde que se dieron a conocer los primeros reportes acerca de la ocupación de Luz y Fuerza del Centro por las fuerzas federales. Los trabajadores exigían información a sus líderes, como única forma de liberar un poco la angustia que provoca el intempestivo desempleo.
¡Basta de rollos motivacionales! ¡Plan de acción, plan de acción!, exigían los afiliados al SME, todavía con el enojo hacia sus líderes y a sí mismos, por haber permitido, decían, que creciera un conflicto electoral interno que los partió en dos.
La tarde del sábado, la mayoría de los trabajajadores de la empresa descansan; básicamente las jornadas son para los adscritos a las áreas operativas de las 11 divisiones foráneas en que está dividido este organismo, que provee de energía eléctrica a la zona centro del país.
Día de estar con la familia, de pasear, de “festejar al Tri” por su triunfo en el partido de futbol ante la selección de El Salvador. Después de las 10 de la noche, algunos se enteraron por los medios de comunicación de la estrategia gubernamental y se trasladaron de inmediato al esmé.
En minutos corrió la noticia. De teléfono a teléfono, con el celular, en la caseta pública. A la medianoche del sábado, miles de electricistas iban llegando a las inmediaciones de su sede sindical. Todos, con angustia, estacionando los autos en banquetas, atravesados en la calle, frente a portones. Eso era lo de menos. Por las prisas, muchos olvidaron su credencial.
En esa esquina, de la calle conocida popularmente como de los trabajadores, ya no cabía nadie.
La primera versión fue que Esparza hablaría desde el balcón del edificio antiguo, así que ahí se concentraron miles, mirando hacia arriba, buscando movimiento en alguna de las ventanas del histórico edificio.
El miedo y la incertidumbre se acentuaban con el sobrevuelo de helicópteros de las fuerzas federales, mientras se realizaban las incipientes cuentas de un finiquito no pedido.
Un orador y otro; más discursos y muestras de solidaridad, pero ningún asomo del plan de acción. Algunos del comité central llamaban a la paciencia, pero la base, la que manda, como dicen en el SME, estaba desesperada: “‘no somos borregos, cabrón… ¡ya ven a lo que nos llevaron sus pleitos! ¿Dónde está Martín?”, gritaban.
Por fin, a las tres de la madrugada, Esparza habló desde el auditorio, y los de Antonio Caso sólo lo escucharon a través de una bocina. Ahí estaba el llamado a la unidad y la promesa de defender el empleo. ¿Y el plan de acción? Sólo una indicación: regresar a las nueve de la mañana. Luego, los líderes buscarían a alguien del Poder Ejecutivo para negociar.

Conformarán estructura para apoyar en la presentación de amparos
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
 
Medio centenar de organizaciones sindicales integraron ayer el Comité de defensa de la industria eléctrica, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la soberanía energética. Apoyarán legalmente a esa organización gremial y alentarán la estructura para que los trabajadores prommuevan juicios individuales de amparo.
En esta iniciativa participan gremios como el de tranviarios o de la industria nuclear, la Unión de Juristas y el Frente Sindical Mexicano, entre otros.
Señalaron que la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro y tomar por asalto sus instalaciones, así como terminar unilateralmente las relaciones colectivas de trabajo con los electricistas, constituye una ofensiva temeraria e ilegal, por la forma, los fines y el contexto en que se da.
La medida es ilegal, agregaron los promotores del comité, porque los organismos descentralizados, al tener el carácter de empresas, no forman parte de la esfera del Poder Ejecutivo, ya que no son entes de la administración pública centralizada.
No es nada democrático sorprender legalmente y con un uso abusivo de la fuerza del Estado a un sindicato y movimiento de trabajadores que ha sido histórico y simbólico en la defensa de los intereses nacionales, afirmaron.
Además, sostuvieron, el decreto transgrede la normatividad administrativa al publicarse en día y horario inhábil, “en clásico sabadazo”, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en la Constitución.
También viola el derecho de defensa y los derechos laborales adquiridos de los electricistas y del SME, establecidos en el artículo 123 constitucional y en su contrato colectivo de trabajo, porque no pueden ser privados de sus derechos sino por mandamiento o resolución judicial, dijeron.
Explicaron que la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, para proceder por incosteabilidad notoria y manifiesta de la empresa, debe sujetarse a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.


Quienes acepten voluntariamente su liquidación recibirán un bono adicional, asegura
Los recursos que recibía Luz y Fuerza del Centro (LFC) se destinaban no a mejorar la calidad del servicio, sino a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos, afirmó el presidente Felipe Calderón al justificar la extinción de esta empresa.
En un mensaje transmitido ayer por la noche, Calderón enfatizó que el servicio eléctrico no se privatiza, de ninguna manera; ni en el centro del país ni en ninguna otra parte, y que las indemnizaciones a los trabajadores se darán conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo, con un bono adicional a las prestaciones establecidas, en tanto que garantizó el pago íntegro y puntual a los jubilados.
Felipe Calderón mencionó que el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, se ajusta a lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
En ella se establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, y éste era el caso de Luz y Fuerza del Centro.
Destacó que el organismo enfrenta una situación financiera insostenible, pues sus costos de operación eran casi del doble de sus ingresos. Este año era necesario un presupuesto de más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Cantidad equivalente al presupuesto del Programa de Oportunidades, o que duplica los recursos que se entregan a la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró.
Pérdidas en aumento
Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, apuntó.
Calderón Hinojosa comentó también que en poco tiempo LFC no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones, además de que el número de trabajadores seguía creciendo no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo.
Aseguró que estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al organismo, sino también afectaron gravemente la calidad y la cobertura del servicio. Luz y Fuerza del Centro perdía por robos, fallas técnicas, corrupción o ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Por este bajo desempeño, agregó, muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o en otros países, donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable.
Esto impidió la creación de miles de empleos en el centro de México. Era urgente que el gobierno federal corrigiera estos problemas. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio y, sin embargo, por diversas razones esos esfuerzos no dieron resultado. Hoy ya no era posible seguir así.
Respecto de las liquidaciones a los trabajadores dijo que quienes acepten voluntariamente su indemnización recibirán en promedio hasta 33 meses de sueldo, además de que se buscará recontratar al mayor número posible, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional.

Nos cambiaron la vida de un momento a otro, señala una jubilada
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Elementos de la Policía Federal, este domingo en las inmediaciones de la Secretaría de GobernaciónFoto María Luisa Severiano
Blanche Petrich
 
Al decreto presidencial que de golpe cerró la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), tomó con la fuerza pública sus instalaciones y lanzó a sus 40 mil trabajadores al desempleo, los electricistas respondieron con actitud combativa, puño en alto y la consigna ¡No pasarán! coreada una y mil veces desde las primeras horas de este domingo cargado de malos presagios.
Pero entre un mitin y otro, abrumados por el desvelo y las preocupaciones, los manifestantes de pronto se permiten otras cavilaciones, pronunciadas en voz baja. Nos cambiaron la vida de un momento a otro, dice una mujer de talante amable, que trabajó 15 años en intendencia de LFC, jubilada hace tres años con una pensión de 110 pesos al día; una de esas privilegiadísimas agremiadas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que han sido señaladas en tono justiciero por locutores de radio y televisión desde hace algunos días.
En los corrillos se hacen cálculos pesimistas: ¿cuánto aguantaré sin cobrar la liquidación? ¿Cómo pagaré la mensualidad del carro, el crédito del Fovissste, la renta? ¿Y si cobro, luego qué?
La noticia de la liquidación de LFC, difundida por radio y televisión como necesaria, indispensable e impecable, tomó a las miles de familias que viven de esta industria con la guardia baja en los últimos minutos del sábado, tras una gloriosa jornada futbolera.
Pero los años de activismo sindical del SME, con su larga historia de luchas, los lanzó a la calle y a la movilización casi de inmediato. Si a las 3 de la madrugada había no menos de 10 mil congregados frente a su sede sindical, cubriendo el cruce de Insurgentes y Antonio Caso, a las 10 superaban los 20 mil, marchando hacia el Monumento a la Revolución.
Al frente caminaban con los brazos enlazados dos líderes que apenas horas antes eran grandes rivales: el secretario general del SME, Martín Esparza, desconocido por la Secretaría de Trabajo antes del veredicto de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y su contendiente por el liderazgo sindical Alejandro Muñoz, que impugnó el comicio interno de julio y atacó sin cuartel al dirigente ganador.
Aparecieron juntos, declararon que a partir de ayer desaparecían colores y rivalidades, caminaron hombro con hombro frente al enorme contingente desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y juntos entraron a la encerrona –infructuosa a la postre– con las autoridades federales, acentuando el mensaje de unidad, sin poder evitar que algunos se preguntaran si su tregua no llegaba demasiado tarde.
Para contener una marcha de 20 mil trabajadores, disciplinados y moderados, la Secretaría de Seguridad Pública movilizó a 4 mil antimotines y la policía capitalina a otros mil 500 elementos que resguardaron las calles aledañas al Palacio de Covián.
“Mi primer pensamiento cuando supe lo del golpe –dice un hombre mayor, sentado en el piso sobre la calle de Tres Guerras, con un compañero– es que fue un abuso de Calderón, que se aprovechó de un problema interno nuestro para dar la puñalada trapera.” Pasó 30 años de su vida en la empresa, recorrió todos los escalafones, desde peón hasta supervisor.
Su compañero estruja una botella de refresco vacía: Va a ser difícil doblegar a un sindicato como éste, que es vanguardia en las luchas de la clase trabajadora. Él laboró durante 28 años en la sección de líneas aéreas, donde los trabajadores se arriesgan día a día para reparar instalaciones con equipo anacrónico y materiales insuficientes. Cuenta que desde que amaneció siente un malestar aquí, señalando el esternón. Es por sentir que nosotros, que mantenemos iluminada la ciudad más grande del mundo, les estorbamos al gobierno y a los empresarios.
Pero la esperanza es terca y su amigo se aferra: A ver si mediante el diálogo se consigue que retiren el decreto.
–¿Usted cree, compadre? –pregunta el otro.
–La verdad, no estoy seguro.
En el templete sobre Bucareli, los oradores se turnan el micrófono uno tras otro durante los 90 minutos que dura el conciliábulo en Gobernación.
Los que llevan radios portátiles ya escucharon el fracaso de la negociación y corren la voz. En la conferencia de prensa de los secretarios de Estado el gobierno advierte que no dará marcha atrás, que LFC ya no existe. Y ofrece liquidaciones extraordinarias equivalentes a dos años y medio de trabajo, una buena lana, quién lo niega. ¿Y luego, qué? ¿Y luego?, rebota la pregunta como eco angustiado. La trampa parece bien hecha: pan para hoy, hambre para mañana.
A las 3 de la tarde, los oradores anuncian que hay intentos de infiltrados de provocar un enfrentamiento con la policía. Se resuelve marchar de regreso al local sindical, en Insurgentes Centro.
Nos pusieron enfrente al diablo del desempleo, dice un fortachón treintañero que de pronto se desploma en una de las aceras de la calle Antonio Caso, convertida en romería grave y azorada. Ya se imaginará usted: perder una chamba que uno creía segura es un golpe muy canijo. Él trabaja –¿trabajaba?– en las calderas de la subestación de Lechería. ¡Y es una soba que ni se imagina!
Mujeres de pants y gorra hacen ronda bajo el toldo de una abarrotería. Una voz se sobrepone indignada: Están violando los derechos de nuestros hijos; nuestros bebés. Son secretarias de la oficina central y muchas jefas de familia.
En una jardinera, unos pasos más hacia avenida Insurgentes, otras señoras, ya mayores, hacen cálculos. ¿Tu cuánto crees poder aguantar sin cobrar? Yo sí aguanto, por lo menos dos quincenas. Después… ya no sé. Su compañera la reprende: Hay que aguantar más, a ver hasta cuándo. Si vas y cobras en el banco vas a dar pie a que nos sigan fregando. Ella es esposa de otro trabajador jubilado que toda su vida se mantuvo en los peldaños más bajos del escalafón, en mantenimiento. Aun así, paga la carrera de una hija que se esfuerza por ser profesional. Ellas, madre e hija, aseguran: Pues nosotros no vamos a cobrar del banco; vamos a resistir lo que sea necesario, otra cosa sería traicionar.
Un caso para San Judas
Termina el mitin. Los dirigentes han propuesto un plan de movilización para las próximas semanas: volanteos masivos, controversia constitucional en San Lázaro, marchas, un activismo que se extenderá del centro del país a otras regiones para sumar alianzas y lograr un movimiento nacional. Nuevamente, el músculo de la calle enfrentado al enorme aparato del poder político, económico y mediático que simplemente da por concluida la historia de 95 años del SME.
Cuando ya todos se dispersan, en un estacionamiento vecino, un joven trabajador paga la tarifa. Tome, con el último billete que sale de aquí. A lo que le responde el que atiende la caja: No se me desanime, mi amigo. Préndale su veladora a San Juditas.

Trabajadores han colocado rótulos contra la presencia federal en las instalaciones
 
Más de 5 mil policías federales se encargarán el tiempo que sea necesario del resguardo perimetral de las 104 instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en tanto que cientos de efectivos del Ejército apoyarán para que los más de 3 mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuman el control del flujo eléctrico en el centro del país, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Defensa Nacional.
Este domingo el reporte de la Policía Federal fue sin novedad.
Aun así, se desarrolla un plan para evitar fallas en el suministro en caso de atentados o fallas en los sistemas, que incluye la interconexión de las áreas de producción y suministro del norte y sur del país hacia la ciudad de México, indicaron las fuentes.
En la ciudad de México casi todas las instalaciones se encuentran resguardadas en apariencia por grupos de entre 30 y 100 elementos, pero en el edificio sede, en Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Tlaxpana, más de mil agentes vigilan y en el perímetro fue colocada una valla metálica de más de dos metros de altura.
De acuerdo con funcionarios de Seguridad Pública (SSP) federal, los reportes policiales no han dado cuenta de presencia de electricistas en ninguna de las estaciones y subestaciones, pero sí se han reportado grupos de trabajadores que han colocado cartulinas con leyendas contra la presencia de la Policía Federal y de militares en oficinas administrativas, como en las ubicadas en la avenida Guerrero casi esquina con Puente de Alvarado, colonia Guerrero.
En la subestación conocida como Pensador Mexicano, en la colonia Guerrero, más de 70 elementos controlan el acceso a pie y con patrullas a la zona y cerraron el paso al tránsito vehicular en la calle Pensador Mexicano desde el el Eje Central hasta Valerio Trujano.
La sede de Calzada de Guadalupe y Clavé, colonia 7 de Julio, en el norte de la ciudad, fue tomada a las 11 de la noche del sábado y permanecen 30 agentes federales.
Instalaciones como la subestaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa y Jamaica, en Iztacalco, así como la sede del denominado Sector Cables, delegación Cuauhtémoc, eran vigiladas por grupos de casi 60 elementos y, de acuerdo con fuentes consultadas, grupos de ingenieros militares certificaron la operación normal de los equipos hasta que personal de la CFE los sustituyó este domingo.
Otros 4 mil elementos federales se encuentran repartidos en cuatro entidades para custodiar la zona perimetral de instalaciones de LFC en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los fondos provendrían de ahorros oficiales previstos para el último trimestre de 2009
 
Con objeto de agilizar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrán, en promedio, a dos años y medio de sus salarios. La oferta gubernamental incluye 4 mil millones de pesos extras al monto original previsto de 16 mil millones de pesos, si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano señaló que esta aportación extraordinaria por aceptar las liquidaciones en la fecha referida tienen un impacto gradual según el pago formal a cada trabajador: 10 por ciento más para los que tienen menos de seis años de antigüedad; 20 por ciento, hasta 11 años de antigüedad; 40 por ciento hasta 21 años; 60 por ciento para quienes tengan menos de 26 años y 80 por ciento para quienes superen esos años de laborar.
En el marco de la conferencia de prensa ofrecida en la Secretaría de Gobernación por diversos secretarios de Estado, Lozano sostuvo que, en principio, los pagos se realizarán conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. A pregunta expresa, mencionó que está prevista la recontratación de personal en función de las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad, que administrará por ahora la empresa en liquidación.
Bajo estas condiciones, según evaluó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el costo global será de 16 mil millones de pesos, aunque la cifra subiría a 20 mil millones, de aceptarse las condiciones descritas por Lozano. El financiamiento provendría de ahorros que prevé el gobierno tener en el último trimestre del año; en recursos destinados a la restructura de empresas y ajustes de personal  en cuyo caso se obtenga un ahorro al ejecutar.
Ofrecimiento de garantías a jubilados
Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que las pensiones de los jubilados serán garantizadas por el gobierno federal y refirió que quienes estén en estas condiciones el miércoles podrán cobrar normalmente sus percepciones.
En su afán de destacar las condiciones excepcionales de liquidación a los trabajadores del SME, Lozano mencionó que, en términos normales, éstas deberían ser de tres meses más 12 días por año de antigüedad, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, el funcionario dijo que la instrucción presidencial para la liquidación de los trabajadores del SME es que, sin contar el porcentaje por la aceptación rápida, sea de:
Veinte días por año de antigüedad, una compensación adicional de 14 días de salario integrado por año de antigüedad a aquellos trabajadores de más de 15 años de trabajo; una indemnización de tres meses de salario integrado conforme a la LFT; pago de fondo de ahorro de lo acumulado en el año; el aguinaldo proporcional; las vacaciones proporcionales no devengadas y otra indemnización por año laborado de 20 días del salario integrado por cada año de antigüedad; una indemnización por extinción de la empresa de tres meses adicionales de salario integrado y una prima adicional de antigüedad de 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad en términos de la LFT.
Lozano indicó que las liquidaciones estarán disponibles a partir de este 14 de octubre y mencionó que en 20 oficinas de la extinta compañía se podrán conocer las bases de liquidación para que se puedan recoger los pagos en presencia de personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
Como parte del paquete de ofertas al Sindicato Mexicano de Electricistas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, informó que “la instrucción que tenemos el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y el del Trabajo y Previsión Social es brindar un menú de opciones a quienes por razón misma de esta causa de fuerza mayor terminarán sus relaciones individuales de trabajo con el extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro para que puedan, por un lado, contar con orientación, apoyo especializado para el uso de su indemnización y cursos de capacitación para adecuadamente poder invertir estos recursos en negocios propios.
También estamos buscando la instrumentación de programas de autoempleo y formación de empresas, insisto, para que con la indemnización correspondiente los trabajadores puedan iniciar un negocio propio y también a través del Servicio Nacional de Empleo todo el portafolio de servicios, primero, de vinculación entre oferta y demanda laboral, pero también en capacitación muy especializada y, desde luego, de una nueva modalidad de contingencias laborales que vamos a instrumentar precisamente para dar cabida al mayor número de trabajadores que, con motivo de esta causa de fuerza mayor, quedarán sin empleo.
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