El sindicalismo en la industria eléctrica

El sindicalismo en la industria eléctrica
Néstor de Buen

 

El sindicalismo electricista ha vivido, sin la menor duda, momentos de particular importancia en el desarrollo de México. Quizá su primera aparición espectacular, al menos del Sindicato Mexicano de Electricista (SME), fue la huelga decretada el 31 de julio de 1916 que encabezó su entonces secretario general, Ernesto Velasco, lo que provocó el famoso decreto de Venustiano Carranza que estableció la pena de muerte contra los huelguistas y su sometimiento a un jurado militar. Condenado a muerte, Velasco salvó la vida, primero con el cambio a la pena más cómoda de prisión perpetua y después, cuando ya se había consagrado el derecho de huelga en la Constitución, al recuperar la libertad a mediados de 1917.

Los electricistas han sido, sin la menor duda, trabajadores con sentido de lucha y capacidad de organización. Sin embargo, la formación en 1938, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo origen habría que atribuir al presidente Abelardo L. Rodríguez (quien obtuvo del Congreso la autorización para crear la Comisión el 29 de diciembre de 1933), generó un nuevo fenómeno sindical, mucho más propicio para servir al Estado que a los trabajadores.

 

El nacimiento formal de la CFE se debe, sin embargo, a la iniciativa de Lázaro Cárdenas, quien el 14 de agosto de 1937 expidió la ley que la creó para "organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales". Lamentablemente, generó un sindicalismo entreguista, corporativo, al servicio del Estado y enemigo acérrimo de la libertad sindical. Lo sigue siendo en este momento.

La estructura jurídica de la Comisión se estableció en la Ley de la Industria Eléctrica (Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 1939), después reformada y desde el principio la organización sindical se vinculó a la Confederación de Trabajadores de México (ctm), lo que en una etapa inicial parecería expresar una cierta vocación revolucionaria, pero que a lo largo del tiempo no representa otra cosa que un sindicalismo rotundamente corporativo. Es participante importante en el Congreso del Trabajo en clara oposición al sindicalismo generalmente democrático del SME.

 

Originalmente los trabajadores electricistas se agrupaban en tres organizaciones. La primera, de enorme valor histórico, el SME, sindicato de empresa de los trabajadores al servicio de Mexican Light and Power Co., después Compañía de Luz y Fuerza Motriz y ahora Luz y Fuerza del Centro, con notable sentido democrático aunque haya pasado por etapas de franco retroceso. Puede invocarse como ejemplo la etapa en que la secretaría general fue ejercida por un hombre vinculado mucho más a los intereses políticos del Estado que a los intereses de los trabajadores electricistas, Juan José Rivera Rojas, que no lo hizo tan mal al principio, pero sólo al principio, logrando conquistas importantes para sus representados. En segundo lugar, el Sindicato Nacional de Electricistas Federales que agrupó, originalmente, a los trabajadores de la CFE. Finalmente, en etapa de claros conflictos y violaciones democráticas, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dirigido al principio por un hombre espectacular, Francisco Pérez Ríos, y desde hace muchos años por un hombre mucho menos espectacular (o espectacular en sentido negativo): Leonardo Rodríguez Alcaine.

 

Desde el nacimiento de la CFE, fue notable el celo entre las dos organizaciones sindicales: el SME, que propondría una franca oposición al Estado, y el SUTERM, como fue denominado a partir del conflicto y de la unión precaria con la "Corriente Democrática" que encabezaba Rafael Galván, que dispondría siempre lo más favorable para el Estado. No hay que olvidar que, en trance de muerte, Francisco Pérez Ríos provocó la expulsión de Rafael Galván para evitar que lo sucediese.

Es evidente que a lo largo de su historia, el SME ha padecido de errores estratégicos que le han provocado graves derrotas. Una huelga estallada en 1983 para exigir un aumento extraordinario a los salarios, fue derrotada con la solución tan elemental como arbitraria de la intervención administrativa por parte del Estado, lo que en lenguaje sencillo significa la expropiación por el Estado de una empresa propiedad del Estado. Una más, por cierto, de las medidas de Razón de Estado que tanto han abundado en materia laboral.

No puede atribuirse ese fracaso sólo al sistema represivo del Estado.

 

Fue, fundamentalmente, un gravísimo error táctico del sindicato. Pero, además, el SME ha tenido graves conflictos internos entre los que destaca, de manera importante, la discriminación en contra del denominado "Grupo de Ingenieros", entre los que se encuentra un notable conjunto de especialistas mexicanos en sistemas. El SME no hizo nada para lograr la conservación de su materia de trabajo cedida a Fenosa, una empresa española (a su vez, con fuerte inversión extranjera y ánimos monopólicos) encargada de establecer nuevos procedimientos de trabajo y con intenciones mayores respecto a inversiones en la industria eléctrica mexicana. No fue ajeno al problema la condición básicamente obrera del SME que provoca, sin duda, evidentes celos frente a los profesionales de la ingeniería.

 

Sin embargo, el SME representa en la historia de México una versión interesante de sindicalismo independiente, ajeno al marco corporativo de la mayoría de las organizaciones sindicales contemporáneas, observante de reglas estrictas de democracia sindical en un país como el nuestro, en el que el sindicalismo se entiende más como un instrumento al servicio del poder que como un instrumento para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores como lo define la ley.

 

En el momento actual, las dos organizaciones sindicales, si es que se puede llamar sindicato al SUTERM, así denominado a partir de la fusión entre el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (sterm) que dirigía Rafael Galván, y el Sindicato Nacional de Electricistas Federales gobernado entonces por Francisco Pérez Ríos, viven una situación de conflicto real.

En el SUTERM, donde la muy reciente reelección de Rodríguez Alcaine al frente de la secretaría general ha sido la más pura expresión del fraude, aceptan la posible participación del capital extranjero en la generación y distribución de la energía eléctrica, opción a la que el SME se opone de manera radical.

 

En el problema está presente el fenómeno de la nacionalización de la industria eléctrica, decretada el 27 de septiembre de 1960 por el más pernicioso presidente de la República, respecto de los trabajadores, Adolfo López Mateos. Desde entonces se ha querido comparar con la expropiación petrolera del presidente Cárdenas.

La expropiación del 18 de marzo de 1938 implicó la asunción por el Estado del control absoluto de los yacimientos petrolíferos y de su explotación, lo que supone tareas de exploración, extracción, transformación y comercialización. En cambio, la nacionalización de la electricidad no fue otra cosa que la compra de acciones de una empresa que ya no quería hacer las inversiones necesarias. Una cosa es el ejercicio de un derecho absoluto sobre un recurso natural no renovable como es el petróleo, y otra muy diferente, la adquisición comercial de la infraestructura industrial para transformar en energía utilizable ciertos recursos naturales, por regla general renovables.

 

La industria eléctrica no asume, por sí misma, propiedad alguna de un bien natural. La expropiación petrolera, por el contrario, atribuyó al Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos. Y en ese sentido, la diferencia es notable ya que en el caso del petróleo, está presente la disposición de un bien propio y en el otro lo predominante es la aplicación de un capital para producir electricidad. Quizá con la excepción de la energía nuclear, que tiene que utilizar el uranio, pero que hoy parece constituir una tecnología en desuso.

Aparentemente, el SME y el SUTERM enfrentan posiciones antagónicas con respecto a lo que hoy se denomina la privatización de la energía eléctrica, que para el SME significa la dación a particulares y en especial a empresas no mexicanas de un bien fundamental del Estado, en tanto que para el SUTERM representa un simple capítulo de inversión extranjera.

 

Pero en el fondo el problema es otro. Porque es evidente que el Estado mexicano carece de los recursos para mantener el crecimiento de la producción de energía que obliga a invertir, cada seis años, una cantidad equivalente a la aplicada en todo el tiempo anterior. La inversión extranjera no es sólo necesaria sino indispensable. México no tiene suficientes recursos económicos para cubrir ese gasto creciente. Pero a partir de allí, el SUTERM pretende dos cosas: que la CFE se convierta sólo en un organismo de control de las empresas privadas de producción de energía y que Luz y Fuerza del Centro se subdivida en tantas empresas como sea necesario para la mejor generación y distribución de la energía eléctrica.

 

La consecuencia, desde el punto de vista sindical, sería la división del SME motivada por la división misma de lo que hoy es Luz y Fuerza del Centro, empresa en situación muy próxima a la quiebra, que acude ya a la participación de diversos inversionistas extranjeros. El efecto consecuente sería el debilitamiento evidente de la organización, hoy sindicato de empresa, que no podría controlar salvo una reforma estatutaria de difícil acceso, a los trabajadores de las nuevas empresas por más que se conviertan en patrones sustitutos de su empleador actual.

 

A cambio de ello, el SUTERM, un sindicato industrial, conservaría su presencia en la CFE, probablemente convertida en órgano de control de la industria eléctrica, con la intención evidente de que pretendiera hacer efectivo su propósito de obtener la representación de todos los trabajadores electricistas de la República mexicana. Y no sería nada difícil que, como se ha hecho en Ferrocarriles Nacionales de México, las empresas privadas asuman con el Estado el compromiso de celebrar contratos colectivos de trabajo con el SUTERM. Claro está que mucho dependerá de la definición social del nuevo gobierno. No sería un argumento escaso la evidente mayoría de los trabajadores agrupados en el SUTERM sobre los miembros actuales del SME.

 

El problema no es de defensa de los recursos naturales de México. En la industria eléctrica el único recurso importante es el capital. En ese sentido la franca oposición entre las dos organizaciones sindicales se resume en un problema de lucha por el poder.

Es evidente que, pese a sus errores históricos, el SME constituye la organización de mayor sentido democrático y que, en cambio, el SUTERM, encabezado contra toda regla de juego por una directiva espuria, representa lo más negativo del sindicalismo mexicano. En el SME la democracia, con sus altibajos, es una constante. En el SUTERM, un fenómeno desconocido.

 

Es fácil adivinar que preservar el poder sindical y la representación del SME, sin perjuicio de la indispensable inversión extranjera, constituyen un objetivo fundamental en eso que llaman privatización de la energía eléctrica. A esos efectos deberá transformarse el SME en un sindicato de industria. Pero todo dependerá de la forma en que el nuevo gobierno entienda las relaciones colectivas. Y no parece que las expectativas sean muy favorables para ese propósito.

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